Puesta en valor y valorización.

Conceptos usados como similares, pero que en el discurso que define el bienestar público son diametralmente opuestos.

Poner en valor, es una operación donde gramaticalmente el verbo "poner" transfiere a la palabra valor una relación de recuperación. Sugiere un tiempo presente que retoma (por medio de acciones) del pasado algo que representó y representa valor o valores para alguien o algo.

Valorizar es un verbo que implícitamente recorre el presente y proyecta a futuro; sugiriendo el multiplicar. Por esto es que es un termino acuñado y desarrollado con mayor fuerza en ciencias económicas.

Seguido a esta definición es pertinente ver las implicaciones en un concepto como el patrimonio cuando es afectado por lo anterior:
"Puesta en valor del patrimonio arquitectónico"
"Valorizar el patrimonio arquitectónico"

Cuando de ciudad hablamos la sutileza de la diferencia desaparece y vemos que el uso de dichas palabras (o conceptos en el caso de poner en valor), difícilmente se encuentra usado coherentemente dentro de un mismo discurso.

De manera sistemática podemos ver que todo lo referido a patrimonio cultural (que no afecte el territorio), se plantea la "puesta en valor" como reto de su intervención. Mientras que, en un contraste preocupante, todo discurso que trata el territorio y su urbanización -producto del crecimiento de las ciudades- entró en una sintonía de "valorización" de los lugares.

La "valorización de los lugares" esta hermanada a prácticas inmobiliarias de tensión del territorio en busca de beneficios a costa de inversión pública. Dicho de otra forma, quienes están detrás del telón de fondo del desarrollo urbano en las ciudades son capitales privados que especulan con el valor de la tierra, con lo que terrenos lejos de la centralidad urbana, carentes de servicios públicos, con precarias o sin vías de comunicación o lo que es peor sin condiciones para ser urbanizados (dificultades topográficas o hídricas); su único objetivo es ofrecer falsas oportunidades, como seguridad o exclusividad en el caso de países con alto nivel económico o, para países suramericanos, primera vivienda de sectores marginados socialmente. Ricos y pobres resultan paradójicamente víctimas de una misma acción según el escenario social, económico y cultural en el que se implemente.

Pero lo que realmente nos debe preocupar es la inversión pública que debe destinarse al pago de la urbanización en territorios poco favorables. En países con poca capacidad económica, esto exige que los ya apretados presupuestos deban reasignarse a generar infraestructura, compitiendo con necesidades básicas como educación y salud. Teniendo en cuenta que el estamento público sólo es un administrador ya que los recursos provienen de los ciudadanos.

Costosas vías por difíciles topografías, redes de acueducto, electricidad, alcantarillado o telefonía vulnerables a múltiples realidades y onerosos cánones de mantenimiento, son el costo por caer en el juego de tensiones urbanas que se atizan por la corrupción que generan los especuladores. Alcaldes, gobernadores y cuanta autoridad con decisión sobre el territorio se encuentran como objetivo de dichos intereses, produciendo un continuo alejamiento de las lógicas de consolidación naturales a la ciudad por sofisticadas fórmulas de difícil comprensión, buscando que se alejen de la discusión pública para ser trasladadas a mesas privadas donde poco importa el interés general.

Es acá donde vale nuevamente reflexionar sobre lo mas conveniente para nuestra realidad, nuestro contexto y entorno:
¿Debemos procurar poner en valor nuestras características? o ¿Valorizar nuestros recursos?
¿Es la renovación urbana una política pública de beneficio general o una empresa de desarrollo inmobiliario?
¿El desarrollo inmobiliario debe ser política pública o privada?

Desde la manera como se formulan las estrategias o como se nombran los proyectos, puede ser anticipado el objetivo y es difícil que el discurso que se genera pueda ocultar coherentemente la ambigüedad, por lo que la renovación urbana no se puede vender como una empresa social en sí misma.

Ésta, como concepto, no tiene un fin cuantificable más que el bienestar social o la mejora de calidad de vida, con lo que si de la renovación urbana se vislumbra un beneficio económico privado, por sustracción sabemos que no es.


Arq. Gustavo Arteaga Botero
2011.