En http://www.eje21.com.co
Domingo 11 de Octubre 2015
La relación que hay en el ejercicio de la política con la vivienda, siempre despertó interés particular, ya que la defensa de la propiedad y la condición digna de la vivienda como ideal, consiguen todo tipo de simpatías, pero diversos aspectos negativos han transformado principios sociales fundamentales y la “mercantilización” de la vivienda en cuanto el soporte de las maquinarias electorales, alteraron profundamente los escenarios del desarrollo urbano con todo lo que significa en términos de informalidad e ilegalidad.
Muchos aplaudimos y respaldamos propuestas en escenarios del estado, que pedían el diseño de más políticas públicas de vivienda para las personas con menor capacidad, y la generación de patrimonio familiar fundamentado en la vivienda.
Los planes fueron la respuesta para demarcar los proyectos y en las ultimas décadas modelos diversos fueron concebidos para estructurar e implementar las metas trazadas, pero con el pasar del tiempo decantaron escenarios que mostraron aspectos negativos y quienes proponían, diseñaban y ejecutaban, deformaron los principios y diversos escándalos comenzaron a salir a la luz pública.
Ver: “No nos dejemos engañar, aquí en Colombia no existe vivienda de interés social y los más pobres están condenados a vivir en la miseria, a que los engañen desalojándolos de tierras a veces hasta productivas para ir a engrosar las hordas de Juan sin tierra”.
Lo primero que se manifestó, era la forma como los terrenos eran habilitados para la construcción de los proyectos, usando argumentos lejanos a criterios técnicos, formulados desde instituciones carentes de condiciones profesionales ó sometidos a presiones que inducían a conceptos erróneos.
De esta manera los suelos menos aptos fueron objetivo, y rellenos, áreas de interés ambiental, y en general suelos con afectaciones que comprometían la urbanización, fueron “cuota inicial” del conflicto en muchos de los municipios del país.
Ver: “Mientras Vargas Lleras le abre espacio en la campaña de la reelección presidencial, a Char lo agobia el viejo lío de los proyectos de vivienda que hizo en zonas de alto riesgo de Barranquilla”
Seguido, los escándalos de la constructoras no tardaron en ser evidentes y la avaricia generada por la perspectiva de “negocio”, que coloco la vivienda como un objeto con el cual especular, llevo a diferentes gremios a diseñar políticas de “beneficios” que usaban como excusas el “bien común” ó “interés colectivo prioritario”, lo que indujo de manera inevitable la asociación a actores políticos que pudieran insertar en escenarios de estado, leyes y normas que posibilitaron los beneficios asociados a fomento y promoción de la “Vivienda Social”.
De esta manera, beneficios tributarios, subsidios, tasas preferenciales, bancos de materiales, entre otros, fueron la batería de “estímulos” que el estado se vio obligado a crear, y en este punto, constructores y “líderes políticos”, ejecutaron recursos con todo tipo de irregularidad, que van desde sobre costos en los rubros del contrato (honorarios profesionales en primera línea), hasta la utilización de materiales de mala calidad, pasando por la evasión de impuestos, el no pago de obligaciones de ley, lavado de activos y demás, que en medio de la inercia del fenómeno tomaron mayor protagonismo.
Ver:” Continúan conociéndose casos de estafa de constructoras de vivienda popular en todo el país”
Dicha inercia terminó cerrando el circulo de las malas practicas, en el momento en que los “líderes políticos” asociaron a sus maquinas electorales, las posibilidades de presión que la vivienda materializaba en las condiciones familiares y en este punto pensaron en no entregar la propiedad, y la posesión ó beneficio, era el elemento a “negociar” en cada contienda y ante la amenaza creciente de perdida del “poder”, el despojo sistemático de las viviendas para ser entregadas a población con mayor capacidad electoral, fue una constante más en la maquinaria.
La urbanización Ciudadela La Linda, al noroccidente del municipio de Manizales, es un digno ejemplo para ser estudiado desde todos los matices expuestos y que entes de control (desde un ideal de acción y sin presión política), nos pudieran describir, cuantas más malas y lamentables practicas usan la vivienda como argumento, para definir una sociedad sin escrúpulos.
Ver:”La Fiscalía llamó a juicio a Consuelo Lizarralde Vélez, ex diputada de Caldas, por urbanización ilegal y estafa. En 1995, Lizarralde Vélez realizó un contrato para la construcción de 1.067 viviendas de interés social en la ciudadela La Linda de Manizales. Hasta la fecha solo se han construido 380 casas afectando de esta manera a las personas de bajos recursos que pagaron por estas viviendas , dice la Fiscalía”.
Ver: ”el episodio más reciente de la historia de la ciudadela del mismo nombre, 1.400 casas y apartamentos en un sector de la ciudad de Manizales, en la que desde el año pasado hay investigaciones penales y administrativas de por medio. Hace siete años ese proyecto estaba llamado a convertirse en la obra de mostrar del Liberalismo Popular Barquista de Caldas, el grupo político que orientó el senador Víctor Renán Barco. Hoy el plan urbanístico tiene muy pocas ejecutorias que mostrar en cuatro de siete etapas que tenía previstas y se ha convertido en una pesadilla para los barquistas que conforman Profesionales Asociados para el Bienestar de Caldas (Pasbicaldas), la organización promotora de la construcción”.
La ciudadela como laboratorio de exploración, debería ser reto académico-intelectual (previo al mismo macro proyecto San José), y se debería entender en el desarrollo de la ciudad que desde la academia tanto se critica, pero que poco se analiza.
Seguramente son muchos más los ejemplos que pasan bajo la vista cómplice y en este momento de contiendas electorales, debería ser insumo suficiente para decidir o por lo menos pensar ¿Qué será de nuestra ciudad?
